¿Por qué la constitución es una tecnología (y cómo repararla)?

Martín Pérez Comisso*. Este artículo se trabajó junto a periodistas, científicas y científicos de diversas disciplinas en el marco del Taller Malón de CHC.

Imagina que un día llega alguien a tu casa y toca la puerta. Es un oficial del Estado, con un pequeño dispositivo en su mano, más cercano a un tablet o un celular muy grueso. En este artefacto corre una avanzada inteligencia artificial la cual, durante cada elección, cruza todos los datos de los ciudadanos y busca quién representa mejor al país o región en un determinado momento. El oficial te dice: 

“Usted es el votante promedio”

Y entonces comienza una entrevista para encontrar “el factor humano” en esta oportunidad. Según la información que tú, y solo tú entregues, el algoritmo definirá todos los resultados de la elección de representantes. 

Esta situación es la premisa del relato “Sufragio Universal” (1955) del autor ruso-estadounidense Issac Asimov. Él nos invita a imaginar una realidad donde la democracia se reduce a estadísticas y algoritmos, y se parece a propuestas recientes para automatizar nuestros procesos deliberativos (como las que ha propuesto el físico César Hidalgo) [1]. En esta historia la inteligencia artificial es protagonista del proceso eleccionario. Esto no ocurre porque sea necesariamente mejor, sino porque otra tecnología contiene las reglas que hacen que en esa realidad sólo el “votante promedio” sea el único en expresar el factor humano. Esa tecnología es la Constitución.

Nos encontramos rodeados de objetos y sistemas que nos permiten realizar tareas. Algunos son físicos como un celular, un auto, una silla o hospital; mientras otros son inmateriales como una aplicación, un sistema de transporte urbano, una cadena de producción industrial o la constitución. Los sistemas tecnológicos, materiales e inmateriales, se interconectan e interrelacionan en muchísimas formas. 

La constitución

Para una nación, la constitución es la principal tecnología que articula, ordena y sistematiza el poder político y jurídicos. Es extraño situar los asuntos constitucionales desde una perspectiva tecnológica, pero es necesario; porque los poderes del Estado, los derechos y deberes de sus ciudadanos, e incluso quién y cómo puede (o no) ser ciudadano. Se articulan desde las normas y principios en este documento es el manual de instrucciones de nuestro país. 

Con esta nueva perspectiva, de que la constitución es también una tecnología, quiero proponer que una nueva constitución para Chile tiene que evitar tres problemas tecnológicos comunes para reparar la democracia: El determinismo, el solucionismo y la dependencia tecnológica. A medida que los ciudadanos tengan más acceso a las tecnologías emergentes será más evidentes las dimensiones técnicas y políticas de nuestros sistemas, artefactos, dispositivos y procedimientos. Cada uno de nosotros hemos repetido estos tres sesgos tecnológicos en nuestras discusiones cotidianas, y por lo mismo es un riesgo que nuestra futura constitución los repita y los consagre entre sus enunciados y propuestas. 

Primero, el determinismo tecnológico es asumir que la tecnología es el factor central en nuestras relaciones, y que define total o parcialmente lo que se puede hacer. La inteligencia artificial, como la del cuento, promete transformar las relaciones de producción industrial y cultural, desplazando a millones de personas de sus puestos de trabajo. A pesar de que estos sistemas han sido propuestos y estudiados desde los años 50 por la cibernética -un área del conocimiento dedicada a la automatización de proceso-. Desde la última década han vuelto a tener un renacer, que incluso ha catalizado discusiones sobre su regulación en Chile [2] y el mundo por las potencialidades y amenazas que presentan. 

No obstante, como toda tecnología, no todos tienen acceso o capacidades para el diseño y desarrollo de inteligencia artificial, así como son personas en empresas, universidades e instituciones que definen cuándo y cómo se usan. Los caminos y consecuencias que tendrán estas transformaciones tecnológicas se juegan día a día y somos incapaces de saber con certeza de qué forma impactará la vida de los chilenos y chilenas. 

Creer que el futuro será una consecuencia de los desarrollos de inteligencia artificial (o cualquier otra tecnología) es sobre simplificar las complejas relaciones que tenemos con nuestros artefactos. Una constitución debe reconocer estas posibilidades, en particular cuando políticamente estas tecnologías pueden ser promovidas o restringidas, como por ejemplo las campañas por bannear el reconocimiento facial – una aplicación de la inteligencia artificial – en Estados Unidos [3]. 

El solucionismo tecnológico

Por otra parte, el solucionismo tecnológico corresponde a establecer procedimientos técnicos como respuestas justas para problemas sociales. Un lugar común es el impacto de las tecnologías digitales en la educación. El aprendizaje digital o en línea, que se ha masificado enormemente como solución temporal frente a los desafíos de la pandemia, y que no ha sido ha sido capaz de entregar educación de calidad en muchísimos casos, a pesar de las proyecciones de muchísimos expertos mundiales desde los años 90s [4]. 

Toda tecnología debe ser evaluada en su contexto social, geográfico y temporal, y reconocer su efecto en comunidades, en particular la desigualdad material y cultural que muchísimas ciudades y pueblos tienen. En este caso, zonas remotas, rurales, islas y comunidades indígenas tienen un acceso restringido a la conectividad a internet, que les vulnera sus oportunidades y derechos humanos como a la expresión o a la educación, como ha sido denunciado en múltiples ocasiones. 

La constitución articulará los principios de cómo el Estado se organiza, así como los deberes y derechos de los ciudadanos y sus instituciones básicas. El acceso a internet suele ser una forma común de solucionismo, como en el caso de transferir trámites del Estado solo a internet o el incentivo a desarrollar apps municipales o financieras, entre otras. Pero sus riesgos y problemas han sido recientemente observados en Chile [5.6]. La constitución definirá qué entendemos como derechos en el Chile de hoy y que rol tiene el Estado para hacerse cargo.

Un último riesgo es la dependencia tecnológica, que se entiende como la incapacidad de un país o región de suplir sus necesidades básicas por sí mismo. Aquí casos como la soberanía alimentaria – que la desertificación y sequías históricas del Norte y Centro de Chile constantemente arriesgan [7]- como la estabilidad de la matriz energética – que hace poco más de una década estuvo en riesgo cuando Argentina cortó a Chile el suministro de gas [8]

– son ejemplos recientes de cómo el Estado falla en asegurar el bienestar de sus comunidades a largo plazo. 

Aquí se entremezclan elementos de capacidades científicas, inversión pública y centralización que la constitución articula. ¿Por qué el Estado no puede hacer sus propias empresas públicas como otros países? ¿Por qué las regiones no manejan su propio presupuesto? ¿Cuál es la infraestructura que cada ciudad debiese tener para ser resiliente a los cambios del futuro? Preguntas como estás, que para peor vienen apareciendo desde el Gobierno de Pedro Aguirre Cerda y la creación de la CORFO, son en las que una nueva constitución puede ofrecer nuevos caminos. El asegurar la independencia tecnológica de nuestro modelo de desarrollo, que incluye desde las exportaciones hasta nuestros datos personales, comienza en los principios, valores y responsabilidades que estén presentes o no en nuestra constitución. 

La discusión constitucional también ha estado llena de estos tres sesgos a lo largo de este misterioso año: Aquellos que argumentan que “solo si cambia la constitución cambiará el país”, son quienes toman una posición determinista; la idea de que “una constitución moderna aliviará el presidencialismo o la corrupción” es una posición solucionista; quienes dicen “la constitución debe solo ceñirse a los tratados internacionales y nuestros compromisos pasados” son quienes caen en una irremediable dependencia. 

Un momento constituyente es una oportunidad para repensarnos como país, de cuestionar nuestras decisiones del pasado y de hacernos cargo de nuestros errores. ¿Tenemos el mejor sistema de propiedad para las ideas o los recursos naturales? ¿Solo necesitamos tener 3 poderes en el Estado? ¿Cuál es el lugar de las fuerzas armadas y de los pueblos originarios en nuestro futuro? ¿Son la sangre y la tierra las únicas condiciones aceptables para la ciudadanía? Luego de este plebiscito constituyente, tenemos una ventana histórica para rediseñar y reevaluar nuestras relaciones e instituciones político-jurídicas más fundamentales. 

En conclusión, al mirar la constitución como una tecnología comenzamos a observar cómo los diversos principios, valores, derechos y deberes dibujan los caminos de lo posible y lo deseable. Como otras tecnologías, sus límites no están restringidos solo a quienes la escriben o diseñan, sino por la experiencia de todos los que viven con ella, hoy y en el mañana. Nuestra constitución de 1980 reproduce mecanismos de desigualdad social, económica y ambiental que son insostenibles e indignos. 

El determinismo, el solucionismo y la dependencia tecnológica son obstáculos para hacer nuestras instituciones, ciudades y trabajos dignos e igualitarios. Una nación que piense hacia el futuro debe reconocer en la constitución su rol dando forma nuestro país, la infraestructura central que articula nuestros sistemas públicos y privados, donde nuestra historia común cristaliza, donde todos nos volvemos iguales y libres. Como lo resume la intelectual Naomi Klein, “La comunidad es la mejor tecnología”. 

* Doctorante en Dimensiones Humanas y Sociales de las Tecnologías y las Ciencias en Arizona State University. En tremendo título, cabe su trabajo estudiando las formas en que los humanos tenemos para entender y relacionarnos con lo socio-tecnológico y lo no-humano. Vive en base a cafeína y aprendiendo a caminar con las manos, se rompió la clavícula hace unos años.

Citas;

  1. Cesar Hidalgo, 2018. A bold idea to replace politicians. TED Talk

  2. Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. 2020. Política Nacional de Inteligencia Artificial.

    https://www.minciencia.gob.cl/politicaIA#:~:text=La%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20de%20Inteligencia,sobre%20sus%20consecuencias%20legales%2C%20%C3%A9ticas%2C

  3. Ban Facial Recognition Campaign, 2020.

    https://www.banfacialrecognition.com/

  4. Federico Kukso, 2016. Tecnofilia v/s Tecnofobia

    Tecnofilia versus tecnofobia: el nuevo campo de batalla cultural

  5. Gustavo Balmaceda y Alex Martinez. 2020. Ataque Informático al Banco Estado. Diario Constitucional.

    Ataque informático al Banco Estado: la precariedad de la ley chilena.

  6. Cristian Miranda. 2020. Ataque a Gobierno Digital. El Mostrador

    Vulneración de “carácter crítico”: expertos en ciberseguridad aseguran que hackeo a Gobierno Digital afectó a cuentas de 5 millones de usuarios

  7. Francisca Fernandez et al. 2020. Del Agronegocio a la agroecología. El Desconcierto.

    https://www.eldesconcierto.cl/2020/04/16/del-agronegocio-a-la-agroecologia-produccion-agricola-escasez-hidrica-y-construccion-de-alternativa/

  8. Francisca O´Ryan y Gustavo Orellana. 2019. A una década de la crisis compras de gas argentino se acercan a GLC. La Tercera

    https://www.latercera.com/pulso/noticia/argentina-explica-casi-40-gas-natural-importado-chile-lo-va-del-ano/691996/

  9. Naomi Klein, 2020. The years of Repair. The Intercept.

    https://theintercept.com/2020/10/01/naomi-klein-message-from-future-covid/