Chile despertó y requiere otra ciencia

Bastian Lillo & Daniel Vásquez*. Este artículo se trabajó junto a periodistas, científicas y científicos de diversas disciplinas en el marco del Taller Malón de CHC.

La ciencia es un conjunto de conocimientos, que, de forma estructurada, investiga, estudia y, finalmente, interpreta los fenómenos que influyen directa e indirectamente sobre un objeto. Así, pueden ser objetos de estudios fenómenos naturales, hechos históricos y sus consecuencias, aspectos sociales y análisis artísticos [1]. 

En pleno siglo XXI, es imprescindible el conocimiento científico, es más, es debido a su importancia que hoy podamos tener comunicación en tiempo real con alguien en el otro extremo del mundo, lograr editar genéticamente alimentos para superar dificultades de distribución y, aún más importante, superar la actual pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 (popularmente conocido como Coronavirus) [2].

Además, la actividad científica genera evidencia mediante el empirismo, la que es fundamental para orientar decisiones en el ámbito político y económico. Así, el ejercicio de la investigación científica puede estimar la viabilidad de cuándo y cómo agregar valor a nuestras materias primas y así generar un sistema más competitivo e identificar, mediante cifras concretas, las necesidades de la comunidad, para posteriormente buscar soluciones desde la tecnología e innovación.

 Históricamente se ha entendido la ciencia en Chile, como una herramienta para corregir los defectos del mercado, mas no dirigirla a solucionar problemáticas sociales [3]. Pero hoy, es necesario comprender y ejecutar la ciencia como una herramienta de comprensión y solución de problemas.

Entonces, ante la amplia aplicabilidad de la actividad científica, apura caracterizar los distintos tipos de ciencia y, por consiguiente, los distintos tipos de investigación y desarrollo (I+D) que encuentran diferencias en los objetivos buscados y en las motivaciones que las alzan. 

Esto es importante toda vez que se quiera responder para qué hacer ciencia y, por ende, elaborar políticas públicas en el tipo de ciencia a priorizar. Así, la investigación básica, tiene la finalidad de fomentar nuevos conocimientos desde la observación de fenómenos, sin pensar en darle ninguna aplicación o utilización determinada. La investigación aplicada, en cambio, permite dirigir los conocimientos generados hacia un objetivo práctico en específico y, finalmente, el desarrollo experimental. Son trabajos sistemáticos que aprovechan el conocimiento existente obtenidos de la ciencia aplicada y básica, para dirigirlos a la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos, fomentando nuevos procesos, sistemas y servicios [4].

Respecto a esto, poco se ha discutido sobre implementar y utilizar la institucionalidad científica para el diseño, que cuyo fin proponga fomentar una industria científica que sea gravitante en dar soluciones ante problemas aquejados en la sociedad.

Transferencia tecnológica (TT)

La TT es un proceso que involucra a la totalidad del sistema de ciencia, tecnología e innovación (CTCI), donde el conocimiento tecnológico (CT) es transferido desde una organización a otra, y son estas últimas quienes lo integran de forma exitosa en sus procesos.  Es por esto, que es de suma importancia comprender la estructura, funcionamiento y el feedback que existe en este sistema científico.

Tres son las principales entidades que participan activamente en este proceso [5]. Las (1) entidades que ofrecen conocimiento tecnológico, particularmente instituciones de educación superior, centros de investigación académica, entre otros; (2) entidades intermediarias y de soporte a la TT, como el instituto nacional de propiedad intelectual y unidades de transferencias tecnológicas y; (3) aquellas que adoptan y aplican las nuevas tecnologías que generalmente son empresas, tanto públicas y privadas, servicios públicos e instituciones privadas sin fines de lucro [6].

Así, la transferencia tecnológica responde a la eficiente interacción entre aquellos lugares donde hay producción de conocimiento, el sector privado, con y sin fines de lucro y finalmente el Estado. Es este último quien debe fomentar y articular estas relaciones, gravitando en una estrategia de desarrollo, con capacidad de proyección a largo plazo. 

El apoyo estatal a la TT en Chile y por tanto el diseño de sus políticas públicas, se limita a generar reformas legales que apoyen la protección de propiedad intelectual, el financiamiento de actividades de I+D a través de concursos públicos, fortalecer de capacidades para la TT en instituciones de educación superior y el desarrollo de mercado tecnológico.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos en materia de políticas públicas dirigidas a optimizar las TT, aún existen dificultades para una aplicación eficiente. Dentro de los obstáculos existentes, y que tiene importancia para el desarrollo de este trabajo, es el poco interés del Estado en actividades de I+D, principalmente en el desarrollo experimental [7]. 

Según el porcentaje de gasto en I+D por fuente de financiamiento y el sector de ejecución para el año 2018, el desarrollo experimental lo financiaron y ejecutaron principalmente las empresas, con un 55% del financiamiento y un 67% respectivamente. Relegando a un bajo aporte estatal en la materia, que es de 36% de financiamiento y un 8% de la ejecución presupuestaria [8]. 

Si se realiza un análisis comparativo, respecto a la distribución del gasto en I+D según el tipo de I+D en países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Chile es el país que menos invierte en desarrollo experimental, siendo Israel y Japón quienes más priorizan esta actividad [9].

Esto indica la poca responsabilidad y priorización del Estado en fomentar la industria científica-tecnológica en el país, favoreciendo la hegemonía de las empresas, que poco interés tiene en proporcionar e incentivar la creación de herramientas científicas en torno a la solución de problemáticas sociales, y menos aún por incluir la participación laboral de capital humano avanzado. 

Pues, ante todo, la ciencia hoy es una actividad profesional, realizada por personas que se someten a una exhaustiva formación científica, y que requieren de años de estudio para permear sus conocimientos en el ámbito laboral. 

Inserción de investigadores

Esto genera una problemática que no está pronta de tener soluciones, si es que seguimos con el actual diseño de políticas públicas. Y es que, la inserción de investigadores en el mundo laboral es una temática que ha atraído gran interés por parte de las instituciones y organizaciones que promueven y financian la generación de ciencia y conocimiento en Chile. 

Una encuesta facilitada por la Asociación Nacional de Investigadores en Postgrado (ANIP) en el 2018, y cuyo objetivo era reunir datos auto-reportados acerca de la situación académica laboral de los investigadores con posgrado, arrojó que existe un 12,9% en las tasas de desempleo en profesionales con grado de doctor en Chile [10]. Esto aún es más grave, si consideramos el porcentaje de desempleo por género, donde las mujeres con grado doctoral alcanzan el 16,4% de desempleo.

Además, en esta misma encuesta señala que quienes poseen grado de doctor y están activos laboralmente tan solo el 5,1% se desenvuelve en el sector empresarial y más de la mitad (54,7%) su trabajo principal está en Universidades Públicas o Tradicionales. Por lo tanto, la hegemonía de las empresas en el desarrollo experimental no ha implicado más oportunidades laborales para este tipo de profesionales.

Es más, en un estudio publicado en el 2014, que proyectaba la situación laboral de profesionales con grado de doctor para el año 2018, se prevé la baja capacidad de la esfera académica en la reinserción laboral. Al mismo tiempo, la empresa privada tampoco ha dado suficientes muestras de absorber y utilizar este capital humano avanzado para sus labores productivas [11].

Sin embargo, esto no se agota en las oportunidades laborales. Es importante entrar a la discusión política sobre la orientación que debe tener el desarrollo experimental ya que esta ha sido una constante en las comunidades científicas, instituciones de educación superior e incluso llegando a las dirigencias de nuestro país.

 Tanto así, que gran parte de la respuesta política se concentró en algún momento en la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MinCyT). Ahora bien, ¿podríamos decir que esta discusión es un problema público? ¿Ha existido en la agenda pública?

Según Harguindéguy la agenda pública es “la lista de problemas públicos a los que un gobierno tiene que dar solución” [12]. Un problema es público como resultado de procesos de interacciones entre diversos actores situados en diferentes planos tales como sociales, productivos y políticos. Por lo tanto, parte de los problemas públicos son interdependientes, subjetivos y dinámicos [13]. 

Teniendo todo esto en consideración, podemos decir que, si bien el desarrollo experimental con su respectiva orientación logró estar en boca de actores importantes, incluyendo al MinCyT, la discusión no logró traspasar el plano científico institucional.

Hacia un problema público

Mientras no exista la necesidad de discutir esta temática hacia capas sociales por fuera de la institucionalidad científica difícilmente se podría considerar que es un problema público y, por lo tanto, tampoco estará en la agenda pública y mucho menos el gobierno verá necesidad de darle solución.

La comunidad científica ha demostrado ser útil para resolver diversos problemas públicos, especialmente durante la crisis sanitaria que nos ha azotado a nivel mundial, pero paradójicamente pareciera quedar atrás de las prioridades del Estado.

Hoy, con una entidad gubernamental clara como interlocutor, parece ser necesario que nuestras demandas deben complejizarse más y hacer sentido más allá de los espacios tradicionales en que se desenvuelven los profesionales vinculados a la ciencia y tecnología. No basta con decir más financiamiento, tenemos que definir qué tipo de I+D debe priorizarse con el objetivo de impactar y dar soluciones a los problemas de la comunidad.

Para quienes escribimos este ensayo, tenemos la convicción de que la discusión respecto a la orientación pública del desarrollo experimental, no es únicamente a través del aparato estatal y que, como actores del mundo de las ciencias y tecnologías, debemos asumir la cada vez más difusa frontera entre lo privado y lo público. 

El régimen de propiedad queda obsoleto ante la complejidad de los sistemas democráticos y sus necesidades actuales. Al ver las experiencias mundiales contemporáneas de grandes avances tecnológicos, no son iniciativas exclusivamente estatales o privadas, al contrario, se alzan de la cooperación de ambos sectores.

No se puede seguir reproduciendo dicha cooperación bajo la lógica que nuestro país lo ha hecho estos últimos 30 años, donde se ha caracterizado “por una alta mercantilización de todas las esferas de la vida cotidiana que han venido minando la legitimidad del pacto social, hasta –literalmente– hacerlo estallar” [14].

Una nueva propuesta

Para ser actores claves en el desarrollo del país, la disposición de la comunidad científica debe estar en empujar un desarrollo experimental cuya orientación sea dirigida al valor público. 

El valor público desde una democracia representativa, prima por sobre todo la confianza de los resultados de las elecciones populares. En este escenario, se hace relevante asumir el poder de la política para establecer los propósitos públicos, se manifiestan principalmente en el poder legislativo y ejecutivo. Finalmente son ellos quienes definen cuáles son las aspiraciones colectivas [15].

La comunidad científica debe influir en esos representantes y también someterse a las decisiones que tengan los mismos. Esto no significa pasar por alto las falencias de las democracias representativas, por ejemplo, la corrupción, pero una comunidad que entiende los roles democráticos, puede entender sus límites y apostar, desde los diversos planos en mover esos márgenes.

En conclusión, si se consensua como comunidad científica que el Estado de Chile debe diseñar e implementar políticas públicas entorno al desarrollo experimental, es relevante en primer lugar que este debate sea un problema público. De esta manera quienes están llamados a definir el valor público, los representantes políticos, vean como ineludible la opinión de la comunidad, esto requiere esfuerzo y un llamado a los científicos no solo a la necesaria divulgación científica, también a su politización. 

No tenemos que desentendernos de la creación de un campo laboral empujado por el Estado. Donde quepan investigadores y profesionales de las ciencias y tecnologías. Esta es una postura profundamente política y sin poder permear el discurso difícilmente se lograría el objetivo.

Finalmente proponemos que, si el Estado de Chile prioriza el desarrollo experimental en el país orientado a la construcción de valor público, entregará oportunidades al capital humano avanzado en torno a una industria científica, toda vez que la inserción laboral de profesionales con grado de doctor siga siendo una problemática en la sociedad e institución científica [16].

* Bastián Lillo y Daniel Vásquez. Estudiantes nacidos y criados en Antofagasta, actualmente viven en diferentes regiones. Desde el Desierto de Atacama, Bastian busca optimizar protocolos de extracción de material genético en el desierto más antiguo y seco del planeta. Mientras, Daniel se quema las pestañas articulando con el Magíster
en Gestión y Políticas Públicas para profundizar en ingeniería organizacional,
gobernanza y la teoría del valor público. Ambos perrean al ritmo de Talisto, Tomasa del Real y Albany. @WikiVaszquezO y @eonsilvestre