En octubre de 2019, “Chile despertó”. Un aumento de treinta pesos en la tarifa de Metro remeció a miles del letargo de vivir treinta años “en la medida de lo posible”. Ocho meses después, sin embargo, Chile sigue despierto, casi sin poder dormir. A la crisis política, social, e institucional se suma una crisis económica y sanitaria en el contexto de una pandemia, que tiene a millones de personas encerradas en sus hogares y socialmente distanciadas. Mientras tanto, las autoridades exigen seguir viviendo “en la medida de lo posible” levantando un bucle de incertidumbres.
Independientemente de la metodología utilizada, las cifras vinculadas a COVID-19 son desmoralizantes. Independientemente de la cifra que elijamos, las medidas que buscan su atenuación son casi iguales a las que les dieron origen. Independientemente de la medida analizada, la forma de debatir e implementar políticas públicas sigue estando en los recovecos de “la medida de lo posible”, desnudando no solo la debilidad de la institucionalidad y capacidad estatal, sino que también del mercado. Finalmente, cualquiera sea la falla bajo escrutinio, las autoridades responden desde la absoluta sorpresa, apelando a la responsabilidad individual (de los otros, jamás la propia), desconociendo el carácter estructural de dicha falla. ¿El resultado? El bucle de incertidumbres se perpetúa, lo que solo nos deja dormir en la medida de lo posible.
Invito al/la lector/a a analizar el marco anterior a la luz de dos de los eventos más comentados de la semana pasada: las cifras de fallecidos por COVID-19 y el proyecto de postnatal de emergencia.
Es de conocimiento público que, a nivel mundial, Chile se encuentra dentro de los 10 países que registran el mayor número de muertes y casos confirmados de COVID-19 por millón de habitantes. El último informe epidemiológico contabiliza 8.935 defunciones totales, si consideramos casos confirmados y sospechosos. Las medidas para revertir estas trágicas cifras, sin embargo, son las mismas que aquéllas que les generaron: cuarentenas dinámicas y parciales, pero en un mayor número de territorios, restricción en el número de permisos temporales (policiales) a la semana, además de subsidios, canastas de alimentos, y aportes económicos que llegan a destiempo solo a los “más vulnerables”.
¿El resultado? Según datos publicados por CIPER, mientras la movilidad recreacional ha disminuido considerablemente, no sucede lo mismo con la movilidad por razones de trabajo. Si bien el Ministerio de Economía ha realizado un amplio listado de los servicios esenciales autorizados a funcionar en cuarentena, la movilidad laboral no disminuye, siguiendo marcadas diferencias socioeconómicas.
¿Es posible esperar resultados diferentes haciendo más de lo mismo? Por un lado, es difícil limitar el número de servicios esenciales si consideramos la siguiente restricción estructural: el modelo de desarrollo chileno se basa sobre la provisión de servicios y la exportación de materias primas. Además, en lugar de mercados competitivos, el capitalismo “a la chilena” es uno de tipo jerárquico de lazos familiares. Por otro lado, las empresas cuentan con las garantías no solo para cambiar su giro y definirse como proveedores de bienes esenciales, sino que para asegurar su funcionamiento a través de permisos únicos colectivos para que sus trabajadores/as puedan seguir trabajando y, ergo, transitando por la ciudad.
Mientras tanto, a los empresarios se les exige buen criterio y se les avisa de potenciales multas, se establecen sanciones penales individuales a quienes se fiscalice en la vía pública sin portar el permiso correspondiente. ¿En dónde está la responsabilidad del Estado para asegurar dicho buen criterio?, ¿Dónde está la presión del mercado para castigar a las empresas que no cuentan con el buen criterio de seguir funcionando, pero garantizando la seguridad de sus trabajadores/as y sus familias?
La última interrogante permite introducir el debatido proyecto de postnatal de emergencia. Declarado inconstitucional por el Senado al no contar con el patrocinio del Ejecutivo y tratar materias de gasto público, el proyecto original finalmente fue aprobado en comisión mixta. Pero, mientras sucedía esta polémica constitucional, el gobierno anunció un nuevo proyecto de ley: en vez de beneficiar ”solo a 22 mil mujeres”, se busca beneficiar a padres y madres de niños/as menores de 6 años a través de la protección de su empleo con cargo al seguro de cesantía. De este modo, en vez de enforcarse en aquellas mujeres con niños/as recién nacidos/as, se beneficiaría a más de 850 mil trabajadores/as.
¿El resultado? Más incertidumbre, a la que se suma un ya no tan solapado conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Por un lado, ya en la forma de encuadrar el debate, se institucionaliza la crianza como una tarea que recae únicamente en las mujeres. No solo ello, también se desconoce que las mujeres son un grupo particularmente vulnerable durante la pandemia debido a la sobrecarga de trabajo doméstico en un contexto en que las redes de apoyo de cuidados se encuentran suspendidas. Por otro lado, nuevamente se trata de una política pública que mientras carga el costo de su implementación en las personas, desconoce que son los/as trabajadores/as quienes generan los fondos con que las empresas pagan el seguro de cesantía.
¿Es posible esperar buenos resultados con este nivel de incertidumbre? El fin de semana pasado, menos de 48 horas después de estallar el conflicto entre los proyectos de postnatal, se hizo público el funcionamiento irregular de un jardín infantil en Maipú, en donde trabajadoras de Fruna dejaban a sus hijos/as durante su jornada laboral y que contaba con la autorización de la empresa al ser calificado como un servicio esencial.
Se sabe que las sanciones individuales para la sostenedora y las educadoras de párvulos detenidas pueden ser hasta de 5 años de cárcel y 50 millones de pesos por una “estupidez que no tiene límite”, en tanto, se anuncia que Fruna solo arriesga sanciones y sumario sanitario. ¿Por qué no cuestionar el que una fábrica de helados funcione como proveedora de bienes esenciales?, ¿Por qué no pensar en cuáles eran las otras opciones de cuidado tenían los/as niños/as de las trabajadoras de Fruna, todas las mujeres de escasos recursos, sin redes de apoyo, y muchas de ellas jefas de hogar? Nuevamente, ¿Dónde están el Estado y sus instituciones para prever y solucionar estas situaciones?, ¿Dónde está la sanción del mercado ante esta evidente falta de buen criterio empresarial?
En octubre de 2019, “Chile despertó” porque vivir “en la medida de lo posible” implicaba tolerar un nivel de desigualdad en donde un pequeño grupo tiene no solo tiene un exceso de dinero, sino que también de derechos, oportunidades, influencia, y, sobre todo, poder. La pandemia ha revelado que dicho nivel de desigualdad es extremo y si bien beneficia a unos pocos, nos afecta a todos. Ocho meses después de despertar y cinco meses después del primer caso de COVID-19 en Chile, seguir gobernando, exigiendo vivir, y durmiendo “en la medida de lo posible” es, simplemente, insostenible. No hay cuerpo que aguante.
Edición. Paz Santader.
