Todo lo científico es político

En esta etapa de la crisis del coronavirus, las cifras oficiales en Chile indican que las autoridades aun no se ven enfrentadas al colapso del sistema de salud. Mientras tanto, países “desarrollados” – aquellos con quienes los líderes políticos insisten en compararnos – siguen encabezando las cifras negras de la pandemia a nivel mundial. Sin embargo, tanto “allá” como “acá”, los gobiernos se han rodeado de científicos para presentar distintas medidas para contener la propagación mientras se busca una forma de garantizar la inmunidad al SARS-CoV-2.

En este escenario incierto, repetidamente hemos escuchado que “se está siguiendo lo que dice la ciencia” y que, para eso, se han conformado “comités de expertos” que manejan “la mejor evidencia disponible” para tomar “las mejores decisiones”. Aunque la evidencia científica puede ser una justificación sólida para la acción (o inacción) del Gobierno, lo cierto es que la pandemia ha revelado tanto una crisis sanitaria y social, así como la compleja relación entre ciencia, política y sociedad.

Para empezar, no existe la “la ciencia”, en singular, ni “la mejor ciencia disponible». Los científicos regularmente no están de acuerdo sobre diferentes temas, discutiendo desde los enfoques teórico y metodologías utilizadas, hasta la interpretación de los resultados obtenidos. Es por ello que hacer ciencia nunca es una tarea individual, sino que un trabajo colectivo. Del mismo modo, las decisiones sobre qué tipo de asesoramiento científico se debe considerar son muy políticas. Las personas, disciplinas, e instituciones invitadas a la mesa reflejan la distribución de fondos de investigación, prestigio, e influencia, así como los valores y objetivos de los líderes políticos. En el caso de Chile, los profesionales invitados a debatir en su mayoría son médicos (principalmente, epidemiólogos e infectólogos) e ingenieros comerciales (con experiencia en la gestión de recintos de salud, en su mayoría privados). 

El propósito de los comités asesores es presentar la investigación científica existente para que los gobiernos decidan materia de política pública. El alcance de dicha asesoría, sin embargo, está limitado por las preguntas que hacen los mismos líderes políticos.

En situaciones de emergencia como la que vivimos hoy, dichas preguntas suenan más como “¿Qué tipo de intervención es probable que evite la propagación del coronavirus?” y menos como “¿Cuál es la mejor ciencia o evidencia disponible?”. El tren de acción (o inacción) es una cuestión de juicio político: “¿Qué debemos priorizar?, ¿la vida de los ancianos y los enfermos?, ¿la economía?, ¿el nivel de aprobación política?

Andrés Couve. Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en Palacio de la Moneda (http://www.minciencia.gob.cl/)

Las respuestas a estas preguntas son, literalmente, de vida o muerte, así como también son relevantes las omisiones en esta discusión: ¿es posible que el coronavirus afecte desproporcionadamente a ciertas comunidades, minorías étnicas o culturales, a las mujeres?, ¿es posible que las medidas para evitar la propagación del coronavirus perjudiquen, de alguna manera, a ciertos grupos de la población? 

¿Decisiones políticas basadas en la evidencia?

Una vez presentada la evidencia científica, los líderes políticos tienden a decidir acorde a sus preferencias o valores, muchas veces preexistentes a la situación de emergencia. Por ejemplo, los estudios que sugieren una tasa de transmisión muy alta para el COVID19 han aparecido desde enero, mientras que investigaciones que postulan que una proporción importante de los casos de COVID19 pueden ser asintomáticos han aparecido en revistas científicas desde febrero.

La evidencia ha estado allí; sin embargo, los protocolos y las estimaciones en relación con la propagación del coronavirus han fallado: pacientes con síntomas han tomado aviones, la estimación del peak de contagios no llegó a fines de abril, medidas para resguardar el confinamiento trajeron “efectos secundarios” como problemas de salud mental y de violencia intrafamiliar. Se han provocado aglomeraciones en el transporte público y oficinas de gobierno, y el tardío reporte diferenciado de casos contagiados asintomáticos, por nombrar algunos ejemplos.

Lo anterior nos dice algo importante sobre la relación entre ciencia, política, y sociedad: la evidencia científica requiere de la voluntad política para validar el rol social del conocimiento científico. No hay que olvidar que los modelos científicos son estimaciones: los científicos son responsables de comunicar a los líderes políticos bajo cuáles condiciones es probable que sus modelos funcionen; pero, en ningún caso, son responsables de crear dichas condiciones.

No se puede culpar a los epidemiólogos porque las personas no respetan las cuarentenas si son los gobiernos los responsables de comunicar e implementar dichas medidas.

¿Medidas para quién?

Cuando se trata de políticas públicas, las consideraciones económicas y políticas tienden a tener prioridad. Es casi de consenso internacional que la tardanza en declarar cuarentena total se debió al deseo (en parte) de posponer la inevitable crisis económica. Por ello es que la autoridad en Chile habla de “cuarentenas flexibles, dinámicas y estratégicas”. Por otro lado, es casi de total desconocimiento el rol de la opinión pública – en particular de las encuestas – en estas decisiones. Tres escenarios podrían proponerse: 

  1. Es posible argumentar que la aprobación es necesaria para que las medidas sean efectivas: si las personas no están de acuerdo con ciertas medidas es más probable que las evadan.
  2. Del mismo modo, es posible sugerir que ciertas medidas pueden ser utilizadas como formas de “mejorar” o “asegurar” la aprobación hacia el gobierno.
  3. Finalmente, también es posible indicar que la aprobación hacia cierta medida está determinada por la manera en que la evidencia y los hechos se presentan a la opinión pública (como parece destacar sondeos como CADEM).

En este sentido, juegan un rol clave tanto la forma de comunicar de los políticos (con sus directrices oficiales, con el balance diario a cargo del Ministerio de Salud), como el rol de los medios de comunicación (por ejemplo, exigiendo más información) y de las comunidades científicas (demandando mayor transparencia en los datos, investigando, y presionando a favor o en contra de ciertas medidas). 

En el contexto actual, es improbable que los modelos epidemiológicos incluyan variables de aprobación y gestión política en sus estimaciones. Descansar en que éstos nos entregarán la respuesta sobre cómo superar esta emergencia es, a lo menos, ingenuo. Estos reportes omiten cuestiones de responsabilidad política y, sin embargo, no existe tal cosa como “la ciencia” en abstracto, ajena a nuestros contextos y cálculos políticos y económicos, ni tampoco de los compromisos morales e ideológicos de los políticos, sus partidos y asesores.

No es posible pensar en “la ciencia dice” como si se tratase del juego infantil “Simón dice…”, como si se tratase de una pauta de instrucciones que seguir ciegamente. Si algo debemos esperar entre las consecuencias del coronavirus para el retorno a una “nueva normalidad”, que sea la reevaluación del rol de los comités de expertos y de la evidencia científica en la sociedad y en la formulación de políticas públicas. 

Nota: El texto corresponde a una adaptación y traducción de la columna publicada en The Guardian el 28/04/2020, escrita por la Dra. Jana Bacevic sobre la respuesta del gobierno británico a la crisis del coronavirus. Los datos y ejemplos del caso de Chile han sido seleccionados por la autora y no aparecen en la versión original.

Por Camila Mella, socióloga (Universidad de Chile), candidata a doctora en política social (Universidad de Oxford). Twitter: @camilamella_s

Imagen Principal: Paz Santader.

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