Por seguridad, justicia y equidad para las mujeres en ciencia

Gracias a las manifestaciones feministas de 2018, actualmente el 93% de las universidades chilenas cuentan con un protocolo de acoso sexual y/o violencia de género. Sin embargo, no todas las universidades sancionan esta violencia cuando es ejercida por pares, o bien cuando la violencia sexual es ejercida fuera de las universidades.

Hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el cual se instauró para reconocer la desventaja global en que nos encontramos las mujeres en los ámbitos científicos y tecnológicos. Como ejemplo, podemos mencionar que menos de un tercio de las personas que nos dedicamos a generar conocimiento científico en el mundo somos mujeres.[1]

Aunque en varias carreras profesionales nos matriculamos ―e incluso egresamos― más mujeres que hombres, a lo largo de la carrera científica (que contempla estudios de postgrado, becas de investigación, contrataciones y liderazgo de proyectos) la presencia de mujeres se va reduciendo, por distintas razones: discriminación, misoginia, aumento de cargas domésticas, brechas salariales y violencia sexual en los espacios educativos y laborales.[2]  La academia se caracteriza por ser privilegiadamente masculina y masculinizante, donde el abuso se disfraza de meritocracia y conocimiento al servicio del país. Una forma de este abuso es la violencia sexual, la cual se da bastante, pero se denuncia poco.[3]

El acoso sexual en contextos educativos ha afectado al 41,4% de las mujeres en Chile, y corresponde a toda práctica con connotación sexual ―implícita o explícita― ejercida de manera unidireccional, por una o más personas, hacia otra cuyo vínculo sea de tipo vertical u horizontal, y esté dada dentro de un contexto educacional. El acoso puede ser un acoso verbal o no verbal, físico, de registro audiovisual, o mediante chantaje.[4]

Gracias a las manifestaciones feministas de 2018, actualmente el 93% de las universidades chilenas cuentan con un protocolo de acoso sexual y/o violencia de género. Sin embargo, no todas las universidades sancionan esta violencia cuando es ejercida por pares, ni cuando es ejercida fuera de las universidades,[5] como en el caso del acoso sexual en entornos virtuales, terrenos, prácticas profesionales, grupos de estudio, trabajos en grupo, competencias deportivas, etc. Esto permite que el abuso quede impune, a pesar de haber ocurrido en instancias que forman parte del proceso educativo y de la experiencia universitaria, incluso en algunas que son requisitos de la carrera.

Peor aún: cuando las víctimas han decidido denunciar, muchas veces se les ha ignorado, cuestionado, puesto en duda o perjudicado en sus oportunidades educativas y laborales. Como si no fuera suficiente lo vivido, han tenido que ver cómo sus agresores siguen en impunidad, estudiando o trabajando en el mismo lugar, teniendo ellas que renunciar a sus trabajos o abandonar sus estudios.[6]  Otras mujeres han tenido que guardar silencio porque ―dado que la carrera académica depende constantemente de la revisión por pares y de la adjudicación de fondos públicos para investigación― en más de alguna ocasión los evaluadores son sus propios acosadores.

¿Qué cosas podrían hacerse al respecto? Deben, al menos, existir restricciones y criterios específicos para conformar equipos y paneles de evaluación de proyectos, y para la adjudicación de fondos públicos. Situaciones como las vistas en los últimos años, en que el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación entrega fondos públicos de investigación a académicos acusados de acoso sexual, son impresentables y no se pueden repetir.[7]

Los espacios académicos, fondos e instrumentos que permiten la generación de conocimientos deben sancionar a aquellas personas que cometan acoso sexual, ya sea dentro o fuera de los recintos académicos, en entornos físicos o virtuales, o cometidos tanto por pares como por superiores jerárquicos. Los procesos de denuncia deben contar con una investigación transparente, con medidas efectivas de protección a la víctima, y deben resolverse, aunque los victimarios renuncien a las instituciones durante el proceso. En este sentido, es indispensable dar prioridad al proyecto de ley sobre acoso sexual en el ámbito académico, el cual se encuentra actualmente en su tercer trámite constitucional.[8]

Se hace urgente contar con una legislación que prohíba y sancione el acoso sexual en los espacios universitarios, porque allí es donde se forman quienes desean hacer investigación en Chile. Si realmente queremos más mujeres y niñas en ciencias debemos, como país, garantizar espacios seguros para desplegar ese desarrollo y formar a esas investigadoras. De lo contrario se seguirán reproduciendo las mismas inequidades, injusticias y violencias de género que ya bien conocemos, sólo que con un lindo slogan cada 11 de febrero. 


[1]https://es.unesco.org/commemorations/womenandgirlinscienceday

[2]https://youtu.be/ywm4FNhwx-8

[3]Navarro-Guzmán, C., Ferrer-Pérez, V.A., & Bosch-Fiol, E. (2016). Sexual harassment in the university: Analysis of a measurement scale. Universitas Psychologica, 15(2), 15-25.

[4]https://www.ocac.cl/wp-content/uploads/2020/07/Informe-encuesta-OCAC-2020.-Radiograf%C3%ADa-del-acoso-sexual-en-Chile.pdf

[5]https://equidaddegenero.mineduc.cl/assets/pdf/Observatorio%20de%20G%C3%A9nero%20-%20Universidades%202020%20(1).pdf

[6]https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2018/05/17/testimonio-de-una-victima-de-violencia-sexual-lo-que-sucede-detras-de-las-apariencias-de-la-uc.html

[7]https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2019/12/29/carta-hasta-cuando-entregan-fondos-de-investigacion-a-acosadores.html

[8]https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=12270&prmBOLETIN=11750-04