Gonzalo Avaria

El sábado 14 de Abril, el mismo día en que más de 7000 científicos en Chile se manifestaban en la versión local de la Marcha por la Ciencia, exigiendo desde mayores recursos, igualdad de derechos hasta una institucionalidad más sólida[1,2], se publicó una entrevista al nuevo Diputado Raúl “Florcita Motuda” Alarcón en la revista Sábado de El Mercurio[3].

En ella se describe la rutina diaria del legislador, desde que se ducha, viaja a Valparaíso, se reúne con su equipo y retorna a Santiago. Se refiere a diversos temas, desde el uso que le da a la Trementina (un diluyente a base de aceites de pino) hasta cómo enfrenta los temas legislativos. Es aquí donde creo que aparece lo más llamativo. El diputado reconoce que, según él, tiene el derecho a no interesarse en la materia legislativa ya que cuenta con la ayuda de sus asesores. Paradójicamente, un par de semanas antes de la publicación, su asesora legislativa renunció, ya que consideraba que el diputado demostraba falta de interés en informarse y seguir sus consejos.

Por otro lado, desde las interacciones que tuve con él (algunas ya en 2011) a través de redes sociales y de correos electrónicos sobre diversos temas contingentes, pude ver que tiene una visión particular de la ciencia. Es más, en una entrevista para El Dinamo que le hicieran hace algunos meses luego de la elección, el diputado expresó que “no confío mucho en la ciencia”[4]. 

Siendo ambos temas -el legislativo y el científico- bastante complejos y que muchas veces cuentan una profundidad técnica que solo maneja un experto, nos podemos plantear la siguiente interrogante: ¿De qué forma se asesoran nuestros parlamentarios para poder legislar temas técnicos y donde la información juega un rol esencial?

Diputado Raúl Alarcón (Florcita Motuda).
Diputado Raúl Alarcón (Florcita Motuda).

Veamos en donde estamos actualmente.

En Europa (ya les hablaré del caso Chileno) existen diversas instancias en las que los legisladores pueden recibir información técnica, basada en la evidencia científica. Una de ellas es el panel de “Evaluación de opciones científicas y tecnológicas (STOA)[5], el cual realiza evaluaciones independientes y expertas acerca del impacto que podrían tener nuevas tecnologías, al mismo tiempo que permite identificar propuestas de políticas a largo plazo.

Este panel puede solicitar la asesoría experta de institutos de investigación, universidades, consultoras, etc. en caso que lo requieran, para luego generar un informe que se le entrega a los legisladores. De esta forma, los parlamentarios europeos cuentan con la posibilidad de acceder a información obtenida según el consenso científico, permitiendo que puedan tomar las decisiones legislativas con antecedentes rigurosos, científicamente hablando. A comienzos de este año, un grupo de científicos españoles se han organizado para formar la iniciativa “Ciencia en el Parlamento”[6], donde esperan poder generar instancias de intercambio de información y de acercamiento entre la comunidad científica española y sus parlamentarios.

Al “otro lado del charco”, en EEUU, la “American Association for the Advancement of Science (AAAS)” realiza desde hace 45 años el programa “Science and Technology Policy Fellowship Program”[7], en el cual una persona que hace ciencia (científico, ingeniero o médico) puede participar durante un año como asesor científico de algún parlamentario. En 1973 la American Physical Society (APS) abrió un programa similar dirigido a doctores en física[8]. Así como estos, hay muchos otros ejemplos a nivel mundial. Aun cuando la tendencia ha sido la creación de nuevas instancias, también ha sucedido lo contrario. En 1974, y luego de cinco años de discusión en el congreso de EEUU, se conformó la “Office for Technology Assessment (OTA)”. Esta oficina tenía como objetivo proveer una evaluación objetiva y fidedigna de los temas científicos y tecnológicos que eran de interés en ese momento. En 1995, y luego de una decisión más bien política que técnica, el congreso retiró el financiamiento y la oficina cerró.

En Chile, ¿cómo estamos?

El parlamento chileno posee algunas instancias en las que los legisladores pueden contar con información técnica que les ayude a tomar decisiones. Una de estas instancias es la unidad de Asesoría Técnica Parlamentaria, que forma parte de la Biblioteca del Congreso Nacional[9]. En ella, diversos investigadores se encargan de generar informes que permiten una asesoría temática para apoyar a los parlamentarios en las diferentes etapas del proceso legislativo. Estos informes se generan a partir de la información disponible desde diversas fuentes, recolectándolas y contrastándolas de una forma rigurosa.

Durante la semana siguiente a la Marcha por la Ciencia, fue estrenado el proyecto “Ciencia para la Legislación”[10], un trabajo en conjunto de la Biblioteca del Congreso Nacional y la Iniciativa Científica Milenio. Este grupo de trabajo se formó en 2015 con el objetivo de generar, a partir del trabajo conjunto de científicos de las más diversas áreas de investigación(ciencias naturales, ciencias sociales, etc), documentos llamados “Informes Científicos Parlamentarios”.

Estos informes permitirán informar a los parlamentarios acerca de temas de relevancia nacional, contextualizados a los descubrimientos científicos más recientes y proponiendo líneas de investigación que ayuden a generar conocimiento más completo y local.

Además de estas instancias de trabajo multidisciplinario, existe un registro de Asesores Externos de la Cámara de Diputados[11], en el cual cualquier profesional se puede inscribir. Los legisladores, en caso de requerir alguna asesoría, pueden contratar los servicios de estos asesores. Revisando el registro actualizado a Abril del 2018, sólo existen 15 asesores relacionados con ciencias (licenciados, ingenieros, doctores) de un total de 576. Menos del 3% de todos los inscritos.

Cámara Diputados Chile (Diario Judicial de Chile)

Se nos plantea entonces una tremenda oportunidad para la comunidad científica nacional. En primera instancia, es necesario que nos organicemos y generemos los canales de comunicación con el poder legislativo, de forma que los parlamentarios comprendan la importancia de contar con asesoramiento técnico especializado. Por otro lado, debemos salir de la comodidad de nuestros laboratorios y comenzar a visibilizar la relevancia de contar con políticas que tengan una base científica sólida, así como también demostrar el valor de aplicar una metodología científica para evaluar la efectividad de las políticas públicas implementadas.

Si no somos capaces de conectar nuestro trabajo con los tomadores de decisión, estamos perdiendo una gran oportunidad de concretizar nuestros descubrimientos y conocimiento, poniendo en riesgo a nuestra población y en paralelo, desperdiciando recursos públicos que son siempre escasos.

Debemos llevar la ciencia al congreso, conectarnos con nuestros políticos y generar las condiciones para que la ciencia tome el rol que le corresponde dentro de la sociedad.

Referencias:

[1] March for Science 2018

[2] Marcha por la Ciencia 2018

[3] Leyes, delirio y trementina. Revista Sabado 14/04/2018, El Mercurio

[4] El Dínamo

[5] STOA: Science and Technology Options Assessment

[6] Ciencia en el Parlamento

[7] Science and Technology Fellowship Program

[8] Congressional Science Fellowship

[9] Asesoría Técnica Parlamentaria, Biblioteca del Congreso Nacional

[10] Ciencia para la Legislación, Biblioteca del Congreso Nacional e Iniciativa Científica Milenio

[11] Asesores Externos, Cámara de Diputados

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Gonzalo Avaria
Doctor en Física y Diplomado en Comunicación de las Ciencias. Académico e Investigador de un Instituto de Investigación del Estado. Sus áreas son la espectroscopia de descargas pulsadas de plasma para fusión nuclear. Escríbenos a contacto@chilecientífico.com