Diez datos para el debate.
Por Camila Mella
Toda crisis sanitaria debería ser, por definición, una crisis social (crisis socio-sanitaria). Sin embargo, en la coyuntura del coronavirus, el discurso de las autoridades las ha separado, casi quirúrgica y estratégicamente como nuestras cuarentenas. Si bien la crisis sanitaria es urgente, la crisis social se reduce a la inevitable crisis económica.
Mientras la prioridad es «detener la propagación de un virus que no discrimina a nada ni a nadie», otros problemas como la violencia intrafamiliar y la salud mental son catalogados como “efectos secundarios” [1]. Pero, ¿es esto realmente así? Si el virus gatillante de la crisis sanitaria no discrimina a nada ni a nadie, ¿la crisis social también? Aunque reduzcamos la crisis social a la crisis económica, ¿son suficientes las medidas para ayudar a los chilenos más vulnerables?
El coronavirus sí sabe de diferencias.
Existe un correlato entre factores de riesgo epidemiológicos y las diferencias socioeconómicas de la población. En este sentido, la crisis sanitaria expone las desigualdades en salud, así como también la crisis social hace eco de las desigualdades sociales. No existe una causalidad entre “efectos primarios” y “efectos secundarios”, sino que la conjunta manifestación de ambos. Por ejemplo, el virus “no decidió” migrar “de los sectores más acomodados a los más vulnerables” [2], sino que su propagación respondió a las dinámicas laborales, de desplazamiento interno, de condiciones de habitabilidad y transporte de la Región Metropolitana. Todas estas situaciones conocidas no fueron evitadas al momento de tomar decisiones (cualquiera sean las razones). En este sentido, ¿qué otras manifestaciones de nuestra desigualdad social podemos identificar? Especial interés convoca la desigualdad de género en el contexto de la pandemia: ¿pueden aumentar, mantenerse, o reducirse las brechas existentes entre hombres y mujeres? Para responder esta pregunta, a continuación, se presentan 10 datos [3] que permiten sugerir que las brechas de género posiblemente aumentarán a no ser que se tomen acciones concretas que apunten a lo contrario.
1. Las mujeres representan la mayoría de los trabajadores en el área de la salud y de cuidados, por lo tanto, son el grupo con mayor exposición a pacientes con COVID-19
Según el Instituto Nacional de Estadísticas, el 72,1% de quienes se encuentran trabajando en servicios de salud son mujeres, existiendo una brecha de género de 44 puntos porcentuales. La mayor presencia de mujeres en “la primera línea” de atención del COVID-19 se suma a la falta de equipos de protección personal adecuados para ellas, ya que su diseño usualmente se basa en las medidas corporales masculinas, lo que pone expone a las mujeres a mayor riesgo de contagio.
2. La participación laboral de las mujeres chilenas es una de las más bajas de América Latina y la menor dentro de la OCDE
En 2018, la Organización Internacional del Trabajo ha destacado que la participación laboral de las chilenas es tardía, escasa, y una de las menores entre sus pares de América Latina y la menor dentro de los países de la OCDE: sólo el 48,5% de las chilenas mayores de 15 años trabaja, en comparación con el 51,5% del promedio latinoamericano. La respuesta a la crisis del COVID-19 no puede derivar en un retroceso en la participación laboral de las mujeres, y por ello se debe garantizar su acceso a los derechos económicos, si lo que se busca es atenuar los efectos de la crisis económica.
3. Las mujeres que trabajan lo hacen mayoritariamente en sectores económicamente vulnerables e inestables durante la crisis
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo (2015) el 70% de las mujeres trabajadoras lo hace en el comercio y retail, en el área de servicios o en la pequeña industria; así como también representan el 59,1% del total de ocupados en las áreas de alojamiento y servicios de comida. Estas áreas corresponden a las más afectadas por las medidas de distanciamiento social y desaceleración económica.
4. Las mujeres que trabajan reciben salarios menores que los hombres en todos los sectores económicos y ocupaciones, pese a contar con mayor capital humano
La brecha salarial en Chile es una de las mayores de América Latina. La Encuesta Suplementaria de Ingresos (realizada entre 2010 y 2017) atribuye un ingreso promedio de $450.287 a las mujeres ocupadas, mientras que para los hombres una media de $636.981, evidenciando una brecha de 29,3%. Datos de la OECD muestran que, en promedio, las mujeres tienen mayor logro educativo que los hombres: no sólo tienen mejor rendimiento si no que, también, alcanzan niveles educativos más altos. Pese a contar con mayor capital humano, la brecha salarial se incrementa a medida que avanzamos por la escala educacional: si consideramos a la población con educación superior, el ingreso de las mujeres solo representa el 65% del de los hombres, evidenciando una brecha del 35%.
5. Las mujeres representan a la mayoría de la población en situación de pobreza
La brecha salarial hace que las mujeres sean más vulnerables económica y ocupacionalmente y, por tanto, más proclives a caer en situación de pobreza y a recurrir a servicios sociales. Actualmente, las chilenas representan a la mayoría de la población en situación de pobreza, sea ésta definida como empobrecimiento material, empeoramiento de las condiciones de vida, o vulneración de los derechos fundamentales. La Encuesta Casen 2017 reveló que el 9% de las chilenas se encuentra en situación de pobreza por ingresos (versus 8,2% de los hombres), y que el 42,4% de los hogares chilenos cuenta con una mujer como jefa de hogar. Si bien existe una tendencia al alza del número de hogares liderados por mujeres, éste es un fenómeno que se da principalmente en los sectores de menor nivel socioeconómico: mientras el 48,9% de los hogares del primer quintil de ingresos es encabezado por una mujer, sólo cerca de un tercio de los hogares del último quintil cuenta con una jefa de hogar.
6. Las mujeres realizan la gran mayoría del trabajo doméstico y no remunerado
De acuerdo a la Encuesta del Uso del Tiempo de 2015, las mujeres dedican el doble del tiempo a trabajo doméstico y de cuidados en comparación a los hombres: en promedio, ellas destinan 5,89 horas diarias al trabajo no remunerado dentro del hogar, mientras que ellos 2,74 horas. Esta diferencia se acentúa entre la población en edad reproductiva (entre los 25 y 45 años), contribuyendo tanto a la inestabilidad ocupacional femenina como promoviendo la inactividad económica. Según la Encuesta Casen 2017, una de cada cinco mujeres no ingresa al mercado laboral por razones de cuidado familiar o quehaceres del hogar. Como consecuencia, las mujeres cuentan con “menos” tiempo para realizar trabajos remunerados, “menos” facilidades y garantías para ingresar al mercado laboral, lo cual limita sus oportunidades. No resulta antojadizo, entonces, que el 97% de quienes desarrollan trabajos domésticos en Chile sean mujeres.
7. Las mujeres que trabajan reportan mayor informalidad, violencia, y vulnerabilidad laboral
Una investigación realizada en 2018 demostró que las mujeres doblan en prevalencia de violencia laboral a los hombres (8% versus 4%), al igual que reportan más frecuentemente situaciones de vulnerabilidad laboral como miedo a perder su empleo o que sus condiciones de trabajo empeoren (40% versus 34%). Dicha vulnerabilidad, además, es transversal y no varía según jerarquía ocupacional o pertenecer a hogares de mayores ingresos. Cabe recalcar las denuncias de abusos laborales y sexuales aumentaron un 17% entre el 2018 y 2019. No es de extrañar que ante la crisis estas situaciones se agudicen considerando que las mujeres parten en peores condiciones para enfrentar dicha crisis.
8. Niñas, adolescentes, y mujeres son las principales víctimas de la violencia intrafamiliar, abuso y violencia sexual
El confinamiento ha intensificado este tipo de vulneraciones al obligar a mujeres, niñas, niños, y adolescentes a estar encerradas con sus maltratadores. A su vez, los organismos de atención y protección a la violencia contra estos grupos no están diseñados para responder ante la situación derivada de la emergencia COVID-19. Respecto a la situaciones de violencia contra las mujeres, se acuerdo a datos publicados en La Tercera, el Fono 1455 ha recibido un 40% más de llamados durante marzo(en comparación con febrero 2020). Una situación similar ocurre con Fono Familia 149, en donde se observa un aumento de 12,3% en 2020. En el caso de niños, niñas y adolescentes, la Línea Abierta de la Fundación para la Confianza ha reportado un aumento del 25% de llamados de menores buscando algún tipo de apoyo y acompañamiento por vivir situaciones de violencia. A su vez, el cierre de establecimientos educacionales y el uso de Internet han complicado el proceso de escolarización de niñas y adolescentes: no solo se enfrentan a la obligación de seguir rindiendo pese a estar encerradas con sus maltratadores, sino que las expone a episodios más recurrentes de ciberbullying.
9. Las mujeres están subrepresentadas en los círculos de poder y toma de decisiones
Según la Fundación Sol, utilizando los datos de la Encuesta Nacional de Empleo de 2018, el 70% de los cargos del poder Ejecutivo, Legislativo, y directivos los ocupan hombres, quienes también representan el 76% del total de empleadores en el país. Según la Dirección del Trabajo, sólo el 26,9% de las dirigencias de los sindicatos son ocupadas por mujeres. A ello, se suma que solo existen mujeres en el 10% del directorio de las empresas. No de extrañar, entonces, que el grueso de nuestras políticas públicas carezca de enfoque interseccional, identificando y respondiendo a necesidades sociales evidentes sólo para la perspectiva masculina. Las decisiones que no incluyen a las mujeres son parciales, menos efectivas e incluso pueden ser dañinas.
¿Son las medidas anunciadas durante la pandemia una excepción a esta regla? No, en la medida en que la única alocución a las mujeres sea agradecerles por “asumir solas esta responsabilidad (del cuidado), de un trabajo múltiple en beneficio de sus familias”[4] y no integrar a las expertas ni a las organizaciones de mujeres en los espacios de toma de decisiones.
10. Las mujeres reciben pensiones menores que los hombres
Chile es uno de los tres países de la OCDE que tiene una edad de jubilación diferenciada según sexo: mientras los hombres jubilan a los 65 años, las mujeres lo hacen a los 60. Si ya cinco años de cotización implicaría una pensión menor, hay que agregar que las mujeres tienen una mayor esperanza de vida, una menor y más inestable participación en el mercado laboral, y una brecha salarial negativa en todos los rubros y ocupaciones. ¿El resultado? El 94,3% de las mujeres tiene una pensión inferior a $158.000 según datos de la Superintendencia de Pensiones analizados por la Fundación Sol. En este sentido, se estima que la pandemia empeorará la situación previsional de las mujeres al afectar su estabilidad laboral al emplearse principalmente en el sector de servicios y retail.
Ahora bien, para aminorar los efectos de la crisis sanitaria y de la crisis social, considerar la perspectiva de las mujeres resulta central. Por un lado, no debe justificar el retroceso de ninguno de los derechos ganados por las mujeres en cualquiera de sus ámbitos (autonomía reproductiva, cuotas en el futuro plebiscito constitucional, etc). Por otro lado, tampoco se debe ignorar su voz y participación en las instancias de toma de decisiones, ya sean éstas de carácter estrictamente sanitario o no. En este sentido, y pese a la incertidumbre, si en algo debe devenir “la nueva normalidad” que sea la inclusión efectiva de la perspectiva de género y de derechos y el enfoque interseccional en políticas públicas.
[1] Los balances diarios se encuentran disponibles en la plataforma YouTube. Concepto tomado de la conferencia del día 15 de abril de 2020, disponible aquí.
[2] Cita tomada de la cadena nacional del 17 de mayo de 2020, disponible aquí.
[3] Nota de la autora: Explícitamente se ha privilegiado el uso de artículos académicos y periodísticos de libre acceso. No se utilizaron fuentes de acceso pagado.
[4] Cita tomada de la cadena nacional del 17 de mayo de 2020, disponible aquí.
Creo que de todos los puntos el primero es impreciso, los implementos de seguridad en salud (mascarillas, percharas, trajes especiales, escudos faciales, etc) están hecho bajo distintas medidas( S a XL) y son unisex.
El resto de los puntos son consecuencias de las diferencias que ya existían previo a estallido social, si es importante destacarlas para que esto cambie en el nuevo chile que queremos pero hoy esto nos afecta a todos y al final el pueblo ayuda al pueblo