Jorge Blake

Hace casi tres meses se concretó la anhelada modificación al decreto 664 que regula el funcionamiento de “Becas Chile”. Por largo tiempo esta normativa ha ocasionado severas dificultades a cientos de beneficiarios del programa, quienes, a raíz del incumplimiento de ciertos plazos y condiciones estipulados por el decreto, tuvieron que enfrentar perjudiciales procesos de cobranza y devolución de sus becas, quedando en algunos casos inhabilitados para volver a optar a beneficios que les permitieran seguir desarrollando su carrera.

Esta situación implicó un gran impacto económico y laboral para los afectados, que en muchos casos se vieron obligados a endeudarse con instituciones bancarias para poder pagar los millonarios cobros. En esta columna relato cómo tras años de visibilización de la problemática, científicos e investigadores lograron la modificación del famoso decreto 664. Un premio a la persistencia científica.

El origen

El decreto 664 nace el año 2008 para regular el naciente programa “Becas Chile”, creado con la finalidad de fomentar la formación de capital humano avanzado mediante el otorgamiento de becas de postgrado. Pocos años después de la publicación del decreto comenzaron a presentarse las primeras dificultades.

En relación al programa propiamente tal, se reportaron desde el inicio importantes falencias administrativas, como retrasos considerables en la entrega de dineros a becarios en el extranjero. Por otro lado, se fue instalando en los beneficiarios una creciente incertidumbre ante el retorno tras la realización de los estudios, dada la inexistencia de políticas de apoyo a la reinserción. Mientras que distintas medidas fueron implementadas sobre la marcha para subsanar estas dificultades emergentes en la implementación del programa[1], el grave problema presentando en relación con los plazos y condiciones establecidas en el decreto para la retribución de las becas como veremos, tardaría años en resolverse, ocasionando en el proceso una verdadera pesadilla a cientos de becados.

El problema

¿Cuál fue exactamente el problema? Fundamentalmente los plazos imaginados desde la normativa para el cumplimiento y retribución de la beca, no correspondían con los tiempos y procesos que efectivamente implica la realización de un estudio de posgrado: el decreto se estrelló contra la realidad. Dos investigadores atribuían directamente estas falencias a definiciones establecidas en la normativa: El éxito se definió rígidamente, no como la obtención del grado, sino como el cumplimiento de ciertos plazos estipulados desde una planificación unilateral, que no consideraba los plazos reales del desarrollo de un postgrado, que además difieren según los ámbitos del conocimiento (Moya y Contreras, 2014, El Mostrador).

Con el incumplimiento de plazos vino la persecución a los becarios. En ese contexto fue que se desató el 2013 el escándalo del cobro desproporcionado de reposición de dineros de becas. Aquí nacieron los tristemente famosos “inhabilitados por CONICYT”: ex becarios que, habiendo cumplido con todos los requisitos de sus programas de estudio, se atrasaron en la entrega de su tesis por razones académicas (pasantías en el extranjero, publicaciones de libros) o personales (embarazos, hijos, enfermedades), quedando inhabilitados para recibir fondos concursables de CONICYT (además siendo obligados en ocasiones a pagar millonarias sumas de dinero).

Cuatro años de persistencia

A fines del 2013, la agrupación informal “Inhabilitados por Conicyt”, contribuyó a visibilizar la crisis en redes sociales y en la prensa. La alianza con otras organizaciones como la Asociación Nacional de Estudiantes de Postgrado (ANIP), y la posterior emergencia entre 2014 y 2015 de delegaciones de postgrado desde las organizaciones de estudiantes (FECH y FEUC), fueron clave para sumar fuerzas. Posteriormente, de acuerdo a percepción de los líderes de la comisión “Becas de Redes Chilenas” (ReCh), el trabajo realizado durante 2016 (que culminó con la modificación al decreto en mayo de este año), se debió a un esfuerzo mancomunado con la comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados y significó “doblarle la mano a la inercia de Conicyt mostrada por años, cuya dirección ejecutiva truncó el camino consistentemente[2].

Durante los cuatro años en los que se extendió esta persistente movilización científica (2013-2017), se conocieron por la prensa algunos dramáticos e indignantes testimonios personales de algunos de los afectados:

“Soy Juan Lillo Ureta, hijo de un obrero. Estudié dos carreras en la UC y postulé a un doctorado al extranjero que ahora es una pesadilla que casi me costó la vida”[3].

“No he mencionado, porque creo que no es el punto, los costos familiares, económicos y psíquicos de la cesantía y la incertidumbre. Nos los hemos bancado, como lo hace tanta gente en nuestro país. Pero sin duda hay quienes que simplemente no pueden aguantar y deben renunciar a toda posibilidad de dedicarse a la ciencia y la producción de conocimiento, o al arte, o a la innovación, o a cualquiera de esas actividades que han terminado siendo el másimpenetrable de los privilegios de la élite”[4].

Tarde, pero llegó

Afortunadamente, la persistencia científica no fue en vano y la esperada modificación al decreto 664 vio la luz en mayo de este año. Entre los principales cambios al decreto destacan: la duplicación de los plazos para el retorno y la obtención del grado académico, la posibilidad de suspender la obligación de retorno y retribución en caso de que el becario continúe su formación con recursos de CONICYT (o de otra institución internacional) y la autorización a los becarios afectados por problemas de salud a disminuir su carga académica, así como a causa de la enfermedad de personas que estén a su cuidado[5].

Ciertamente cada uno de estos cambios a la normativa no se entiende sino como un logro conquistado en base al esfuerzo de los propios científicos e investigadores, mediante la movilización organizada y la denuncia incansable de las problemáticas por las que se vieron afectados en estos años. La modificación al decreto 664 es un premio a la persistencia científica.

Referencias:

[1] Por ejemplo, en relación a la reinserción de los profesionales, el 2009 se implementó el PAI (Programa de Atracción e Inserción de Capital Humano Avanzado), y el 2011, desde este programa, se abrió una convocatoria al concurso de inserción de investigadores en la academia.

[2]Recuperado de: http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/05/11/modificacion-al-decreto-664-becas-chile-un-ano-un-decreto-una-comunidad-en-angustia/

[3]Historia completa en: http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2014/09/965420/el-rumbo-incierto-de-los-1300-becarios-inhabilitados-por-conicyt

[4]Extracto de columna publicada en El Dínamo el 11 de julio de 2016.

[5]Más información en: http://www.conicyt.cl/becasconicyt/2017/05/09/se-aprueban-mejoras-para-beneficiarios-de-becas-chile/

Fotografía principal: La Tercera

Jorge Blake
Sociólogo y Magíster en Sociología de la Pontificia Universidad Católica. Está interesado en investigar sobre la crisis de la institucionalidad científica en Chile, explorando las complejas conexiones entre ciencia y política en los discursos de científicos e investigadores. Actualmente es profesor de "Sociología de la ciencia" en el Instituto de Sociología UC y consultor independiente en temas educacionales.

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